El presidente Mauricio Macri anunciará su envío al Congreso, a pesar de que en el oficialismo ven poco margen para avanzar en el debate.
A poco más de un mes de las elecciones, el Gobierno enviará al Congreso la Ley de Alquileres, un proyecto que había anunciado Mauricio Macri meses atrás, como parte del paquete de medidas con el que se proponía cambiar el humor en la previa al inicio de la campaña, pero que finalmente fue desactivado por el rechazo de distintos sectores inmobiliarios y algunos cuestionamientos de sectores de la oposición.
En la elaboración del proyecto trabajaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Vivienda, Iván Kerr; y un grupo de legisladores, encabezados por el diputado Daniel Lipovetzky, quien a pesar del contexto intentará darle impulso en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja.
Al igual que el proyecto presentado en abril, la iniciativa prevé que los honorarios inmobiliarios no pueden ser a cargo del inquilino en las propiedades con destino habitacional.
También, se elimina la prohibición de indexar contratos -una de los pocos artículos que queda vigente de la Ley de Convertibilidad 23.928, sancionada en 1991- para alquileres que superen el equivalente a 650 UVAs. A precio de este martes, unos 26.676 pesos.
En tanto, para alquileres inferiores a esa cifra, se establece que deberán aplicarse índices de actualización oficiales. Se determina uno conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), que será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.
La duración de los contratos fue uno de los puntos que más polémica y rechazo de distintos sectores generó en la iniciativa presentada en abril. El Gobierno decidió que en su texto se mantenga la vigencia de dos años; pero con la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más si hay acuerdo entre el inquilino y el propietario.
Para ello, incorpora en el artículo 1218 del Código Civil y Comercial, una aclaración, que le da la posibilidad a ambas partes de dar por finalizado el vínculo: “La duración del contrato se extenderá por un año con las mismas condiciones, si llegado el día del vencimiento el locador o el locatario no hubieran notificado fehacientemente su intención de no prorrogarlo y el locatario renovara o prorrogara las garantías presentadas”, estipula. De esta manera, buscan evitar gastos, como comisiones e impuestos a los sellos.
Se trata de una salida intermedia, ya que el plazo mínimo de tres años que fijaba el anterior contemplaba el reclamo de los inquilinos y el pedido de algunos legisladores -incluso, oficialistas como Lipovetzky- pero era rechazado por inmobiliarias y propietarios.
Otro capítulo importante es el de las garantías. El proyecto fija que puede ser: una garantía de otro inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se podrá documentar con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
De ese universo, el locatario propondrá al menos dos opciones y el locador deberá aceptar alguna, siempre que la misma cubra eventualmente las obligaciones del contrato.
Por otra parte, la ley establece que los contratos deberán ser declarados ante la AFIP, en un plazo máximo que dispondrá el organismo.
El proyecto también avanza con la creación del Programa Nacional de «Alquiler Social», focalizado en darles solución a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de violencia de género. «Es una herramienta más que incluimos para combatir el déficit habitacional», dijo Iván Kerr, a cargo de la Secretaría de Viviendas, que será el organismo rector y encargado del diseño de las políticas públicas. Entre otras cuestiones, el programa contempla subsidios o líneas de créditos blandos, y medidas para incentivar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a las viviendas.
Este es el segundo intento del Gobierno por avanzar con una Ley de Alquileres. En abril, Macri se había puesto al frente de la presentación del proyecto, con un anuncio en la Quinta de Olivos con el que buscó generar expectativa. Ahora, acorde al cambio de escenario político, por el momento no está previsto que haya un acto de lanzamiento: a priori, sólo se prevé una movida en las próximas horas, a través de las redes sociales del Presidente y de la Casa Rosada. “Este proyecto de ley no es únicamente para esta coyuntura sino que también buscan proponer o sentar las bases de la política pública a largo plazo como la que se necesita para las soluciones de los problemas de la vivienda”, dijo el ministro Frigerio a Clarín.
El funcionario expuso que “se trata de una ley justa y que equilibra las relaciones entre ambas partes” y sobre la que “se escuchó y trabajó en conjunto con todos los actores del sistema inmobiliario”.
En el oficialismo en el Congreso conceden que va a ser difícil que llegue a tratarse con Macri como Presidente. «Depende de la oposición. Nosotros conversamos con todos los sectores y tenemos la intención de que se debata; y buscamos consensuarlo con otros sectores, pero la llave para destrabarlo, la tienen ellos», admiten.
El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue quien bloqueó el proyecto en abril, con motivos poco claros. Se impuso, increíblemente, a la voluntad del propio Presidente, que había lanzado personalmente la medida. El costo interno de ese desaire, sin embargo, no lo pagó Dujovne, por entonces aliado estratégico del jefe de Gabinete, Marcos Peña; sino el ala política del Gobierno y algunos diputados, como el propio Lipovetzky, quien tras el episodio fue eyectado de la lista de candidatos y dejará el Congreso de la Nación en diciembre.
Con información de Clarín.
