El siguiente es un Informe de la Fundación Mediterránea que pretende un sistema previsional sostenible, equitativo y que preserve el poder adquisitivo de los jubilados.
En la insistente búsqueda de un sistema previsional sostenible, equitativo y que preserve el poder adquisitivo de los jubilados, Argentina ha mantenido poco respeto por fijar reglas de juego tendientes a ser consolidadas y perdurables en el tiempo.
Los últimos tres años, representan un claro ejemplo de lo mencionado: En 2019 tras cambio gobierno, se decidió suspender durante el año 2020 la regla de movilidad jubilatoria aprobada en 2017 (Ley 27.426) que ajustaba 70% por IPC y 30% por salarios; siendo reemplazada por decretos de necesidad y urgencia (DNU) que establecían aumentos discrecionales de los haberes jubilatorios.
En 2021 se aprobó la nueva fórmula, que incorpora un índice de movilidad formado en un 50% por variación de salarios y 50% por variación de la recaudación tributaria de ANSES (por beneficiario). El aumento resultante tiene un límite dado por la variación interanual de la recaudación total del sistema previsional, por beneficiario, aumentada en un 3%. En este sentido, puede advertirse que su estructura resulta compleja en su determinación (especialmente en su componente de recaudación), lo que dificulta su seguimiento y control.
Ya transcurridos más de la mitad de 2022, es posible evaluar el desempeño de la formula vigente en relación a la fórmula derogada, y comparar también el nivel de haberes jubilatorios en términos del poder adquisitivo necesario.
El siguiente es un informe de la Fundación Mediterránea que explica lo expuesto. Lleva como título: Haberes jubilatorios: Trayecto desde la suspensión y reforma de movilidad hasta la actualidad y perspectivas para 2022
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