La Agencia de Recaudación de la Provincia anunció que el importe mínimo para que los agentes practiquen retenciones será de $19.000. Además, respecto de las percepciones el piso subirá a $3.500.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso un incremento de los montos mínimos que determinan qué operaciones quedan sujetas a retenciones y percepciones, dentro de los regímenes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Cristian Girard, director de ARBA, explicó que «los límites a partir de los cuales se realizan retenciones y percepciones estaban muy atrasados. Si bien el ajuste era necesario para adecuarse al contexto nominal, fuimos más allá poniéndolos en línea con todos los cambios que llevamos a cabo estos años para reducir la presión de los regímenes, y que pusimos en marcha en la provincia de Buenos Aires apenas asumió el gobernador Axel Kicillof».
La actualización de límites, que regirá a partir del 1° de julio próximo según lo determina la Resolución Normativa 18/23 del organismo, prevé que el importe mínimo para que los agentes practiquen retenciones será de $19.000, en la actualidad es de $2.000.
Ese límite también se considerará en el caso de las entidades de seguros y empresas de construcción, civiles, navales, y aeronáuticas, que actúan como agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Respecto de las percepciones, el monto mínimo pasará de los actuales $200 a $3.500. Sólo quedarán excluidas de este nuevo límite las operaciones de comercialización de venta directa (es decir, aquellas que se realizan sin intermediarios, en casas o lugares de trabajo), ya que no se encuentran sujetas a este esquema de pisos.
Girard destacó que «estos cambios implicarán menos retenciones y percepciones de Ingresos Brutos, y tendrán un impacto positivo en las operaciones de negocios de cercanía y pequeños contribuyentes. En definitiva, un mejor modo de recaudar en la Provincia de Buenos Aires, favoreciendo el crecimiento económico y la redistribución del ingreso»
En ese sentido, sostuvo que «en los últimos años hemos logrado mejoras concretas en materia de simplificación y reducción de la presión tributaria sobre comercios, pymes y sectores de ingresos bajos y medios».
«Además, implementamos moratorias y planes de pago muy favorables para quienes tuvieron dificultades para cumplir, suspendimos embargos, automatizamos y aceleramos la devolución de saldos a favor, y quitamos carga administrativa a las empresas al elevar varias veces los montos de facturación que se toman en cuenta para actuar como agentes de recaudación», subrayó.
Asimismo, resaltó que «en el gobierno de Axel Kicillof trabajamos por un Estado presente, inclusivo y solidario, que está comprometido con la igualdad y la ampliación de derechos, y que, fundamentalmente, financie todas esas inversiones con recursos genuinos y de manera progresiva. Por eso, desde la Agencia de Recaudación otorgamos beneficios fiscales a aquellas empresas que promuevan la inclusión laboral de la comunidad LGBTIQ+, de personas con discapacidad, víctimas de trata y violencia de género y de quienes hayan recuperado su libertad y se encuentren en proceso de tutelaje».
Como parte de ese proceso de simplificación fiscal, disminución de la carga tributaria e implementación de beneficios impositivos, en los últimos meses ARBA abrió la posibilidad de regularizar, en condiciones muy favorables, más de 80 mil planes que quedaron caducos por falta de pago durante la pandemia. Asimismo, instrumentó un mecanismo automático de compensación, sin límite de monto, para contribuyentes con saldos a favor.
En cuanto a las empresas que actúan como agentes de recaudación, duplicó el monto de facturación que se toma en cuenta para que cumplan ese rol, beneficiando alrededor de 1.500 pymes, que vieron reducida su carga administrativa.
De esta forma, ARBA continúa con una política activa que contribuye al desahogo financiero del sector productivo, reduce la acumulación de saldos a favor y simplifica el sistema impositivo, con el objetivo de facilitar el cumplimiento voluntario, fortalecer los recursos públicos y promover el desarrollo económico de la provincia de Buenos Aires.
