Aunque los accidentes de trabajo cayeron 55% y se evitaron millones de siniestros, los juicios laborales marcaron un máximo histórico el año pasado.
El sistema de Riesgos de Trabajo atraviesa una situación paradójica. Creado para prevenir accidentes y garantizar respuestas rápidas e integrales ante un siniestro laboral, muestra mejoras contundentes en seguridad, pero al mismo tiempo enfrenta un crecimiento inédito de la judicialidad, que se despega de cualquier parámetro local o internacional.
Según datos del sector, los accidentes laborales cayeron un 55% y los fallecimientos un 80%, con un balance acumulado de 19.000 vidas salvadas y 4,7 millones de accidentes evitados, además de una cobertura considerada integral y oportuna.
Sin embargo, los juicios por riesgos del trabajo aumentaron un 200% desde 2020 y en el último año alcanzaron un récord histórico de 134.141 demandas.
Una judicialidad sin correlato con la siniestralidad
La Argentina presenta niveles de cobertura superiores a los de países como Chile y España, con índices de siniestralidad comparables, pero una diferencia marcada en materia judicial. Mientras que en Chile se registran 5,8 demandas cada 10.000 trabajadores y en España 8,5, en la Argentina esa cifra escala a 132,8, lo que implica una judicialidad 23 veces mayor que la española y 16 veces superior a la chilena.
Lo que en otros sistemas es una excepción, en el ámbito local se volvió estructural. A los juicios por riesgos del trabajo se suman además litigios por despidos, diferencias salariales y otros reclamos del derecho laboral individual, lo que profundiza la presión sobre el sistema.
El stock de juicios laborales por Riesgos de Trabajo llegó en septiembre a 317.848 causas, pese a que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) cerraron 70.000 expedientes judiciales. Incluso se rompió la estacionalidad habitual: en diciembre ingresaron más demandas que en noviembre, un fenómeno que solo se había observado hace casi una década, antes de la reforma aprobada en 2017. En el último cuatrimestre, además, se registró un crecimiento interanual del 12%.
El rol del Poder Judicial y el costo del litigio
Desde el sector señalan que uno de los factores centrales de la crisis es el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, tal como estableció la Ley 27.348, sancionada en febrero de 2017. La ausencia de estos cuerpos habilitó la intervención de peritos externos sin control ni supervisión, que en muchos casos se apartan de los parámetros del sistema y de los dictámenes oficiales de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
A este esquema se suma un incentivo económico: los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que favorece el sobredimensionamiento de incapacidades. En términos de costos, el 45% del gasto judicial queda en la intermediación, lo que implica que, por cada millón de pesos que pagan las ART en demandas mayormente evitables, 450.000 pesos se distribuyen entre abogados, peritos y el sistema judicial.
Desde el ámbito de Riesgos de Trabajo advierten que corregir estas distorsiones resulta clave para sostener un mecanismo que protege a trabajadores y empresas, y que hoy se encuentra desbordado por una judicialidad que no refleja la realidad de la prevención, la cobertura de accidentes ni los estándares internacionales.