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Pistolas Taser: qué establece el proyecto del Frente Renovador que avanzó en la Legislatura bonaerense

Pistolas Taser: qué establece el proyecto del Frente Renovador que avanzó en la Legislatura bonaerense

El texto prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor mediante descargas.


El Frente Renovador consiguió avanzar con dos temas centrales en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Por un lado, un proyecto para regular el uso de pistolas Taser por parte de la Policía bonaerense obtuvo aprobación por unanimidad en comisión. Por otro, Sergio Massa se reunió este miércoles con rectores y rectoras de universidades nacionales para analizar la crisis presupuestaria del sistema universitario y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa sobre las armas menos letales fue impulsada por el diputado provincial Carlos Puglelli, referente del massismo y presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios. El proyecto propone modificar la Ley 13.482 para incorporar dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, como las pistolas Taser, bajo condiciones específicas de utilización, capacitación profesional y mecanismos de control.

El texto también prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor mediante descargas. Además, establece que los efectivos deberán recibir formación obligatoria y continua sobre el manejo de estas armas, sus riesgos, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada y los primeros auxilios.

Pistolas Taser: capacitación y límites para la Policía bonaerense

La propuesta fija principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. El uso de los dispositivos quedará limitado a situaciones en las que los medios no violentos resulten insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del personal policial, de terceros o de la persona involucrada.

Según la información difundida por sus impulsores, la iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper. Tras la aprobación en comisión, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo.

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Massa se reunió con rectores por el ajuste a las universidades nacionales

En paralelo, Massa mantuvo un encuentro con rectores y rectoras de universidades nacionales en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La reunión estuvo centrada en el deterioro del financiamiento universitario, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

“La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, afirmó el dirigente del Frente Renovador. También sostuvo que defender la educación pública es una responsabilidad colectiva por su aporte a la movilidad social y al desarrollo del país.

Durante el encuentro, las autoridades universitarias expusieron que, desde diciembre de 2023, las instituciones nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo. También señalaron las dificultades por la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de obras de infraestructura.

Massa, además, advirtió sobre la pérdida de recursos humanos especializados y planteó la necesidad de recuperar a los profesionales que emigraron. “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”, expresó, antes de reclamar que las universidades recuperen su centralidad como parte del modelo de desarrollo argentino.

El conflicto también involucra la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso, cuya aplicación continúa siendo motivo de disputa con el Poder Ejecutivo. Según la información difundida por el sector universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional recurrió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar para actualizar salarios y becas, mientras que en primera instancia se declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la norma.