La empresa de Claudio Bellocopitt, Swiss Medical, acusó a OSDE de evadir impuestos durante casi 20 años. La principal empresa del sector respondió con un comunicado.
Respuesta de OSDE a la supuesta “guerra de prepagas”
¿SM siente amenazada su posición dominante en cuanto a capacidad hospitalaria en el interior del país? ¿Quiere suprimir la competencia, indispensable en todo escenario de libre mercado?
La perspectiva jurídica. El planteo de SM viola el principio de independencia de poderes, al intimar a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud a involucrarse en un tema judicial. Si hay un juicio en marcha, y justamente esa dependencia pública es la demandante, no debería interferir bajo ningún concepto. De lo contrario, se vería seriamente afectada la seguridad jurídica. No es “contra OSDE”, sino contra el sistema de la seguridad social en su conjunto. Muchas obras sociales, jerárquicas y sindicales, tienen juicios similares. Un antecedente de este tipo generaría un efecto dominó, poniendo en peligro la salud de millones de argentinos. Aún no hay sentencia firme acerca de la legitimidad de la deuda reclamada, mucho menos sobre el monto. Lo que SM –que no es parte del conflicto- pretende es una especie de cobro compulsivo.
La perspectiva económica. 2016 fue un año duro para la salud. Cuando la economía se detiene, el sector lo sufre. Pero las obras sociales estamos mejor preparadas que las prepagas para enfrentar esa contingencia. SM perdió muchos socios. Este es uno de los factores que no se puede soslayar. El otro es la construcción del sanatorio de OSDE en Mendoza, una inversión que fue recibida con beneplácito por autoridades nacionales, porque generará mil empleos directos y otros tantos indirectos. El proyecto responde a una necesidad concreta de la población de la región. Mientras en la última década la masa de beneficiarios del sistema creció exponencialmente, la cantidad de camas se mantuvo casi estable, generando un cuello de botella.
OSDE tiene 45 años de trayectoria, 8.000 empleos directos, más de 15.000 indirectos y una red de 60.000 prestadores y 400 oficinas de atención al público repartidos en toda la geografía nacional. Más de dos millones cien mil argentinos le confían su salud. Mientras los representantes de SM recorren despachos oficiales reclamando la intervención, los afiliados de OSDE se siguen internando en sus sanatorios y SM sigue facturando y cobrando esas prestaciones, que oscilan entre 100 y 200 millones de pesos mensuales. Se trata de una guerra comercial producto de la desesperación y de algún mal asesoramiento.
