Rige desde este 1 de julio. El monto del incremento es de un 70% y es para las familias de menores ingresos.
La AFIP oficializó hoy el aumento del 70% del monto máximo que el Estado Nacional reintegrará a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE) para la compras con tarjeta de débito, beneficio que se extenderá hasta el 31 de diciembre.
Se fija el reintegro en un 15% del monto de las operaciones de compra, mientras que el monto mensual reintegrado no podrá superar la suma de $ 1.200 por beneficiario.
De tratarse de sujetos que perciban dos o más prestaciones de algunos de los siguientes beneficios sociales: asignaciones universales por hijo para protección social, asignaciones por embarazo para protección social y hasta una pensión por fallecimiento que no exceda el haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241, el reintegro no podrá superar la suma de $ 2.400, explicó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.
La Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’ Alessandro, subrayó que esta medida “también se extiende a las compras realizadas en farmacias”, que hasta el momento no estaban incluidas.
Lo destacado:
-El beneficio está destinado a las personas jubiladas y pensionadas que cobran el haber mínimo y los/as titulares de la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), quienes pueden acceder desde marzo de 2020 a un reintegro del 15% de sus consumos con tarjeta de débito.
-Los comercios incluidos abarcan: supermercados, hipermercados, comercios de barrio, fiambrerías, minimercados, verdulerías y ahora farmacias, que realicen venta de productos alimenticios y se encuentren inscriptos en AFIP.
-El reintegro es automático -no se necesita ningún trámite por parte del beneficiario- y se acredita en las siguientes 24 horas.
-Se eleva el monto de los reintegros de $700 a $1.200 para los casos con un beneficio, y de $1.400 a $2.400 para los casos con dos beneficios o más.
“El reintegro a sectores vulnerados fue creado por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en febrero de 2020 como una herramienta para apuntalar la demanda. El instrumento complementa distintas políticas implementadas por el Gobierno y representa un mecanismo adicional para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19”, añadió el Ministerio de Economía.
