Las compañías se apropiaban de las contribuciones pero estas no eran ingresadas en la entidad de recaudación tributaria. El monto supera los $102 millones.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó en el último añodenuncias contra 73 empresas por el delito de apropiación indebida de impuestos que, en conjunto, totaliza una suma de más $102 millones retenidos que debían ser ingresados en el organismo estatal.
Estas firmas, explicó el director de ARBA, Gastón Fossati, actuaban como “agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. Por este delito, los responsables de las compañías podrían recibir una pena que va de 2 a 6 años de prisión.
“En los hechos, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes, pero luego no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones”, detalló Fossati.
Las denuncias penales fueron presentadas por la Agencia de Recaudación en distintos departamentos judiciales de la Provincia, conforme al domicilio donde desarrolla su actividad cada una de las empresas.
Como prevención de este tipo de delitos, ARBA había firmado un convenio de colaboración con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para promover programas de capacitación para agentes públicos de ambos organismos, así como la modernización de procesos, coordinación de acciones y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.
“Estos cambios nos posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar de esa forma la restitución de recursos que pertenecen a todos los vecinos de la Provincia”, aseguró el titular.
A su vez, la entidad puso en funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias. Con Procuración, se produce un intercambio a través de herramientas digitales de información patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas que se encuentran sujetas a investigación, observando siempre los principios legales que reglan el secreto fiscal.
También comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios que se encuadren dentro del régimen penal previsto por la Ley Nacional N° 27.430, que fue sancionada por el Congreso a fines del año pasado.
