El Gobierno nacional ha dictado la conciliación obligatoria ante el inminente inicio de un paro por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reclama la convalidación de su paritaria. La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, en respuesta a una solicitud presentada por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
El conflicto surge debido a que el gremio liderado por Hugo Moyano exige que el Gobierno homologue el acuerdo paritario. La Federación de Camioneros había anunciado medidas de fuerza que amenazaban con paralizar el transporte de mercancías en todo el país, generando preocupación en el sector empresarial y la sociedad en general.
El Gobierno no habilitó un aumento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero), ya que considera que esa cifra atenta contra las proyecciones inflacionarias diseñadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días, período en el cual tanto las cámaras empresariales como el gremio de camioneros tienen prohibido tomar represalias o llevar a cabo medidas de fuerza. Durante este tiempo, las partes deberán sentarse a negociar para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Según trascendidos, Caputo habría ordenado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, evitar homologar acuerdos salariales que superen el 1% mensual. En la primera reunión con las tres cámaras empresarias del transporte de cargas, Moyano solicitó un bono de fin de año de $650.000 y una suba salarial del 5% mensual, muy por encima de las proyecciones inflacionarias del Ministerio de Economía.
Luego de otras reuniones, los empresarios lograron bajar el monto del bono a $600.000, a ser abonado en cuatro cuotas, y se llegó a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo se resiste a homologarlo, lo que impide a las empresas abonar el incremento negociado hasta obtener el visto bueno del Gobierno.
