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El Gobierno inicia el proceso de privatización de Corredores Viales para transferir 6000 kilómetros de rutas

El Gobierno inicia el proceso de privatización de Corredores Viales para transferir 6000 kilómetros de rutas

El ministerio de Economía inició formalmente el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa que gestiona más de 6000 kilómetros de rutas en todo el país a través de la resolución 1284 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De este modo, se fijó en 12 meses el plazo para concesionar los tramos de la red vial nacional y la posterior disolución y liquidación de la firma estatal.

Cabe recordar que esta resolución se conoce a una semana de que se conozcan los resultados de la licitación de la primera reprivatización de la llamada ruta del Mercosur, que está en manos de Corredores Viales desde abril y salió a concurso público luego de la finalización del contrato que tenía el Estado con Caminos del Río Uruguay (Cursa).

Esa primera licitación, con fecha de apertura de ofertas el lunes 8, es el puntapié inicial para el avance en la privatización de Corredores Viales, autorizada por la Ley Bases de 2024 y el decreto 95, de febrero de 2025. En julio, el Gobierno prorrogó la intervención de la empresa estatal hasta que finalizara el proceso privatizador.

La resolución del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Transporte a “concretar la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes entre el Estado y Corredores Viales”.

También esa dependencia debe proponer la conformación de los tramos de la red vial nacional para su concesión; así como efectuar un relevamiento del estado actual de las rutas y de las obras de infraestructura en cada tramo.

Por su parte, Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar medidas necesarias para cumplir con el cronograma de privatización.

Así la dependencia tendrá que solicitar la valuación tanto de los activos de Corredores Viales, como de “los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la concesión de obra pública por peaje”, que deberá hacerla un organismo del Sector Público Nacional.

También fijo condiciones para llevar adelante los procesos licitatorios, entre los que mencionó que se harán a través de la plataforma ContratAR.