Finalmente, la norma se publicó este lunes por la tarde en el Boletín Oficial.
La ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva fue promulgada este lunes en el Boletín Oficial, tal como había adelantado el presidente Alberto Fernández.
Durante el habitual brindis de fin de año con los periodistas acreditados en Casa Rosada, el mandatario dijo este mediodía que para la reglamentación va a haber que esperar “un poco”, pero que sería esta tarde y “con un veto parcial”.
Dicho veto apunta a excluir a empresas del régimen de “Regularización de Obligaciones Tributarias de la Seguridad Social”. “En Diputados, creo que fue Carlos Heller, quien incluyó a empresas dentro de las beneficiadas con la moratoria. Son empresas más grandes de lo que habíamos previsto: son empresas medianas”, señaló el jefe de Estado.
La reglamentación de la norma, según confirmaron altas fuentes de la secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, será oficializada “antes de fin de año”.
La ley contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis y sentar las bases para promover la Solidaridad Social y el desarrollo productivo.
Los ejes fundamentales son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, subas de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria, uno de los puntos más polémicos junto al 30% de recargo a las compras en dólares en el exterior.
De esta medida se eximen las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.
Aunque antes de empezar la discusión en la Cámara Alta, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones de privilegio en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.
