También extendió la suspensión de los desalojos por falta de pago hasta el 31 de enero de 2021. Las medidas ya fueron oficializadas a través de los decretos 766/2020 y 767/2020 publicados hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Las medidas ya fueron oficializadas a través de los decretos 766/2020 y 767/2020 publicados hoy en el Boletín Oficial.
El primero de los decretos extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.
Hasta esa fecha se posterga el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y las deudas por falta de pago.
Por otra parte, se extendió la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.
El segundo prolongó el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios UVA para vivienda única hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.
También dispuso suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean «hipotecarias, judiciales o extrajudiciales».
Al mismo tiempo, estableció que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.
En tanto, se dispuso que hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos actuales.
Según el Poder Ejecutivo, el objetivo de estas medidas «no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda existente en nuestro país, lo cual traería aparejado un mayor deterioro en el tejido social».
En ese sentido, recordó que el Decreto Nº 320/20 garantizó el derecho a la vivienda «en el marco de una pandemia que afectó los entramados sociales y la realidad económica imperante en el mundo».
«La emergencia sanitaria, con sus consecuencias económico- sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los habitantes del país», añadió.
Y aseguró que «muchos trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica».
«La situación descripta puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población, y todo ello en el difícil marco de la evolución de la pandemia», advirtió el texto oficial.
