Se trata del primer impacto tras la sanción de la ley de emergencia. Las nuevas partidas irán a los comedores, implica una suba del 50% respecto de la partida presupuestaria prevista.
El Gobierno nacional ya realizó el primer refuerzo económico tras la sanción de la ley de emergencia alimentaria, que estableció una suba del 50% en las partidas presupuestarias que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social destina a la alimentación.
La cartera que encabeza la ministra Carolina Stanley destinó esta semana un aumento de 9105,2 millones de pesos y tiene previsto un gasto total de $27.315,8 millones en estas políticas cuando inicialmente esa partida presupuestaria contaba con solo $12.582,2 millones.
Así lo establece la página web Presupuesto Abierto y también lo confirman desde el Ministerio. Los ítems que más aumentaron fueron las tarjetas alimentarias y el programa de complemento alimentario: en relción con lo pautado originalmente, ambos casi se triplicaron. Para las tarjetas alimentarias, estaba previsto un presupuesto de $4384 millones. Hoy el total alcanza los $11.138 millones. Unos $3545 millones era lo asignado inicialmente al complemento alimentario. En la actualidad, la cifra total alcanza los $10.138,2 millones.
Según informa La Nación, las tarjetas se dirigen directamente a las familias que las reciben, sin otras organizaciones o instituciones como intermediarias. El dinero se transfiere primero a las provincias, que son las encargadas de distribuir los recursos, así como de definir el monto de las tarjetas y quienes están en condiciones de recibirlas.
El complemento alimentario es un programa conjunto que Desarrollo Social mantiene con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de una lista que integran cientos de comedores de todo el país que reciben asistencia, con la meta de controlar que estos lugares efectivamente existan y estén en funcionamiento.
El nuevo incremento otorgado tiene dos propósitos. El primero es que crezcan los montos que reciben los comedores, para que las personas que asisten sigan recibiendo el mismo menú que antes, a pesar de la alta inflación, que repercute especialmente sobre los costos de los alimentos. Y el segundo objetivo es subir la cantidad de raciones, para llegar a un mayor número de personas y familias, que ahora se suman a las comedores.
A pesar de que el Senado aprobó la medida el 18 del mes pasado, recién entró en vigencia el 30 de septiembre, cuando fue publicada en el Boletín Oficial. La correspondiente modificación presupuestaria, de $9000 millones, fue incluida dentro del DNU en el que el presidente Mauricio Macri estableció que el sector público debe invertir en LETE.
Las organizaciones sociales se mostraron conformes con la sanción de la ley de emergencia alimentaria, a la que consideraron un “triunfo político” propio. “A algunas organizaciones les han llegado más alimentos secos para los comedores. Si la ley se cumple, no tendríamos por qué salir a las calles”, sostuvo Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista Combativa.