Martín Mura defendió la transferencia y afirmó que “el recorte del 1,18% de la Coparticipación se trata de un guadañazo a las cuentas públicas de la Ciudad”.
La discusión en el Congreso, entre oficialismo y oposición, por el recorte de fondos finalizó ayer con la firma del dictamen del proyecto de ley que envió el Gobierno. En el recinto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, expuso ante el Plenario de Comisiones del Senado de la Nación, en el marco del tratamiento del Convenio de Transferencia de Fondos para el Servicio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y consideró que el oficialismo está equivocado.
El funcionario hizo referencia al convenio firmado a comienzos del 2016 entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remarcó el error del Gobierno al considerar esta transferencia mediante el detalle del traspaso de agentes, patrulleros o chalecos, sino que “se la debe analizar como un traspaso de competencias y funciones del servicio de Seguridad a la Ciudad de Buenos Aires”.
En este sentido, aclaró que “el mecanismo de transferencia de los recursos vía coparticipación era el único mecanismo que, a esa fecha, garantizaba la automaticidad, intangibilidad y goteo diario”.
Mura destacó que otro error conceptual consiste en explicar el traspaso tomando como base el año 2016, el cual fue un año de transición. “El costo del servicio se debe analizar a través de la ejecución presupuestaria del año 2015, donde la prestación del servicio de Seguridad estuvo a cargo del Gobierno Nacional, presidido en ese entonces por la actual vicepresidenta”, explicó.
En cuanto a la rendición de cuentas del GCBA, Mura aclaró que “si bien el Decreto N° 399/2016 no se lo exigía, la Ciudad de Buenos Aires se comprometió de manera voluntaria a presentar cada año los informes técnicos de rendición de cuentas ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI)”.
En dichos informes presentados se verificó el uso de los fondos al destino establecido en la transferencia, observándose que la ejecución del Gasto en Seguridad Pública en la Ciudad durante estos cuatro años superó al proporcional percibido por el Decreto PEN N° 194/16.
Para el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, “esta decisión unilateral e inconsulta del Gobierno nacional avanza sobre el artículo 75 de la Constitución Nacional, lesionando todo concepto referido al federalismo fiscal. Pero lo más grave aún es que esto se lleva adelante en plena pandemia, con un presupuesto ya en ejecución, lo que agrava aún más la situación”.
«El recorte del 1,18% de la Coparticipación se trata de un guadañazo a las cuentas públicas de la Ciudad”, sostuvo el funcionario y explicó que esto representa, a valores del 2020, la pérdida de $ 36.000 millones y que equivale a dos meses de salarios de los empleados de la Ciudad o a 10 meses de sueldos de todo el personal de Salud.
Para lo que resta del año, la Ciudad dejará de percibir $ 13.000 millones, que equivalen al pago de los salarios hasta fin de año de 20.000 policías de los 25.000 con los que hoy cuenta la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, si este proyecto de ley se aprobara, la pérdida estimada de ingresos para la Ciudad en el 2021 alcanzará los $ 64.000 millones.
Concretamente, para este año, la Ciudad deberá afrontar una caída histórica de la recaudación estimada en $ 80.000 millones y un gasto extraordinario por la pandemia de $ 20.000 millones.
A esto se le debe sumar estos $ 13.000 millones que representa el recorte del 1.18% de la Coparticipación hasta fin de año. Por lo tanto, en un presupuesto sancionado para este año de $ 480.000 millones, la Ciudad de Buenos Aires verá afectadas sus cuentas públicas en aproximadamente un 20%.
