El Gobierno de Cambiemos inició su gestión decidido a recortar el nivel de subsidios que asfixia el presupuesto y distorsionan precios de la economía real. En parte avanzó en esa agenda, con los aportes del Estado a la electricidad, el gas y el agua, aunque no sin polémicas que obligaron a correcciones, marchas y contramarchas.
Sin embargo, poco y nada hizo hasta ahora para eliminar el subsidio a las petroleras que supone aplicar en el mercado interno un precio sostén del barril de crudo por encima del valor de mercado, que obliga a los argentinos a pagar uno de los precios de los combustibles más altos del mundo. Es que ese subsidio no afecta de manera directa a las cuentas del Estado, porque es en realidad una transferencia de recursos de los consumidores a los productores, porque el «subsidio» no lo paga el Estado, si no cada ciudadano que realiza una carga de nafta.
Según el cálculo del economista Fernando Navajas, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), en la Argentina el barril de crudo cuesta alrededor de u$s 65, mientras que el precio promedio del mercado para el año está calculado en u$s 47. Esto significó una transferencia de u$s 5.000 millones de los consumidores al sector en el 2015, y podría representar unos u$s 3.500 millones este año.
¿Quién se queda con ese subsidio que pagan los consumidores?
Navajas estima que un 12% va a parar al bolsillo de las provincias petroleras en concepto de regalías, un 40% queda en el bolsillo de las empresas productoras de crudo y el resto va a la cadena de valor, en concepto de mayores precios a los proveedores, mejores salarios, etc.
Según fuentes del sector, el costo de la extracción de crudo en la Argentina está por debajo de los u$s 65 por barril, por lo tanto el precio sostén no funciona únicamente como un incentivo a mantener la producción activa en el país, sino como un método para generar ganancia y garantizar rentabilidad a las principales petroleras del país. Los consumidores (minoristas y mayoristas, claro) le transfieren así unos u$s 1.500 millones a la billetera de las petroleras.
Objetivos y poder de lobby
La decisión de mantener el precio sostén del barril en el mercado interno, luego de que bajó en el mundo de los u$s 100 a niveles de entre u$s 40 y 50, fue tomada durante la gestión del ministro de Planificación, Julio De Vido, el año pasado, y fue una de las pocas cosas que avaló de esa gestión el actual titular del ministerio de Energía, Juan José Aranguren. El argumento es que de otra manera caerían las inversiones en el sector y se vería afectado el empleo en la industria.
Los gobernadores de las provincias productoras hicieron fuerza ante el gobierno de Macri para mantener la política, ya que las arcas de los estados provinciales se ven engrosadas con las regalías que aportan las petroleras en cuestión.
Sin embargo, el impacto de pagar el combustible más alto de toda la región, podría significar una amenaza para la competitividad de todas las demás industrias, especialmente para las economías regionales, y le hace un flaco favor al intento de controlar la inflación.
«Mirado desde el punto de vista de las economías regionales no hidrocarburíferas, alinear el precio interno de los combustibles a la referencia de países vecinos implicaría ciertamente una baja en los costos de la logística», explica el economista de Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcellos.
Un estudio reciente de IERAL, que cita Vasconcellos, muestra una significativa incidencia de los costos logísticos y de exportación medidos como porcentaje del valor de salida de planta de productos seleccionados. La incidencia es de 25% para los garbanzos cultivados en Córdoba, de 20% para limones de Tucumán, de 18% para manzanas del Alto Valle del Río Negro, el 10% para el maní de Córdoba y el 7% para el vino fino de Río Negro y Neuquén.
«Bajar los costos logísticos puede llegar a ser equivalente a una mejora de hasta el 10% en el tipo de cambio efectivo para los productos más afectados, pero esa es una tarea que debe abordarse de un modo multidisciplinario», dice Vasconcellos. Aunque el costo logístico no es sólo combustible, es incalculable el impacto sobre el empleo de economías regionales y la competitividad en las pymes que inyectaría un valor más bajo de los combustibles.
Más subsidios, más inflación
«En el equilibrio general de la economía hay efectos indirectos positivos sobre la cadena de valor del petróleo por sostener los precios internos del crudo más altos. Sin embargo, es mayor el shock negativo sobre los precios generales de la economía y su empleo, que el que afecta sobre el propio sector», afirma Navajas.
El problema es que el shock sobre el sector energético es visible y el otro opera lentamente. «El lobby de los productores petroleros, los sindicatos y los gobernadores operaron con fuerza contra el Gobierno y ganaron la pulseada», marca el economista.
Es que además de sacarle eficiencia a la economía, el subsidio a las petroleras le sumó presión a la inflación en el momento en el que menos lo necesitaba. «Cuando hay que hacer desesperadamente un ajuste de precios relativos, los precios internacionales de petróleo y energía bajos le daban el colchón perfecto al Gobierno para actuar como ancla contra la inflación y le hubieran permitido ir más lentamente con la eliminación de subsidios al transporte», explica Navajas.
Es decir, no sólo todos los consumidores pagamos más para que las petroleras no pierdan competitividad, si no que el Estado paga más en subsidios al transporte por el efecto del petróleo caro.
Ganadores y perdedores
Como el cuestionado subsidio a las tarifas energéticas de los hogares de clase media acomodada de la Ciudad, la transferencia de ingresos al sector petrolero implica beneficios para ricos y perjuicios para pobres.
Protege el empleo del sector petrolero, que es uno de los que tiene niveles de salarios más altos, y perjudica de modo indirecto el empleo de ingresos más bajos en las economías regionales. Cuida la caja y los ingresos de las provincias petroleras y perjudica la actividad en las provincias que no lo son, en muchos casos, mucho más pobres. ¿Tienen que pagar los chaqueños, los correntinos y los santiagueños una nafta más cara para garantizarle ingresos a Chubut o Neuquén? ¿Están estas últimas provincias en situación más necesitada que las primeras? ¿O simplemente tienen más poder de lobby?
Pero no todos son igualmente ganadores en el mundo petrolero. El impacto sobre YPF es relativamente limitado ya que la petrolera nacional procesa el total del crudo que produce. En realidad hace un asiento contable al aumentar la ganancia de la parte de producción con el precio sostén y recorta la de la unidad de refinación.
Axxion, la petrolera controlada por Panamerican Energy de los Bulgheroni está aumentando su nivel de integración para aprovechar el escenario. La empresa tenía el foco puesto en la exportación, y ahora está virando para aumentar la cantidad de crudo que deja en el mercado interno donde se paga mejor el barril que en el resto del mundo.
Tecpetrol, del grupo Techint, y Pluspetrol, son ganadoras en el esquema. Cobran por el crudo que extraen y venden en la Argentina más de lo que obtienen por el que exportan.
En la lista de las perdedoras hay una punto a favor del cuestionado ministro de Energía, Juan José Aranguren. Las más perjudicadas con el modelo son Oil, de Cristóbal López, y Shell, la firma que condujo hasta mediados de 2015 el funcionario y de la que aún conserva acciones. Es que las dos firmas tienen su foco en la refinación de crudo que compran en el mercado interno para distribuir en sus redes, por lo tanto pagan el costo y no la ganancia del barril caro.
