La demanda se basa en el cuestionamiento a un cambio de cálculos estadísticos que implementó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión de Cristina Kirchner,
La justicia de Estados Unidos recibió una nueva demanda por 1.300 millones de dólares contra la Argentina en la causa “Cupón PBI” por parte de un grupo de fondos buitre que insiste en denunciar el perjuicio que les ocasionó la alteración de los datos estadísticos durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La presentación judicial encabezada por Aurelius Capital junto a otros 13 fondos, se llevó a cabo este miércoles ante la magistrada Loretta Preska, quien en abril pasado ya había desestimado la acción original.
Al respecto, el especialista Sebastián Marill precisó que “en esta nueva demanda, Aurelius ‘corrige’ los argumentos presentados en la demanda original de 2019 que fue desestimada por la juez Loretta Preska a favor de Argentina en abril de este año”.
La causa iniciada hace cinco años 2019 se basa en el cuestionamiento a un cambio de cálculos estadísticos que implementó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión de Cristina Kirchner, lo que evitó hacer un pago a tenedores de bonos.
Los demandantes consideran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.
A raíz de que Preska nunca se expidió sobre la cuestión de fondo, es decir sobre si hubo o no distorsión de datos oficiales, los fondos volvieron a presentarse en su juzgado en busca de obtener un fallo favorable.
La controversia por el manejo de las estadísticas públicas en la gestión de Cristina Kirchner tiene más de un frente judicial abierto. A la reciente y renovada presentación en los tribunales estadounidenses, se le suma el tratamiento del caso en la Corte Suprema del Reino Unido que debe dictaminar sobre una demanda de US$1.500 millones.
La justicia británica ya había condenado este año a la Argentina en los tribunales superiores pero el país apeló a la última instancia depositando una garantía de US$337 millones, que se descontará del pago final en caso de producirse un fallo adverso.
