«La justicia laboral no puede seguir en manos de peritos cuya designación pasa por anotarse en una lista y salir sorteados», señaló Mara Bettiol, presidenta de la UART.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que el sistema de ART atraviesa una situación crítica debido a la intervención sin control de peritos judiciales en los juicios laborales. Según la entidad, estos actores externos actúan sin supervisión, establecen porcentajes de incapacidad con criterios propios y perciben honorarios ligados al resultado del juicio, lo que genera un incentivo perverso que multiplica las demandas y eleva los costos laborales.
“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país”, afirmó Mara Bettiol, presidenta de la UART. La situación se agrava porque el 90% de los casos que llegan a la Justicia, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no presentan incapacidad o son directamente inculpables. Sin embargo, los jueces laborales suelen avalar estas pericias y aplicar sobre los montos indemnizatorios actualizaciones e intereses imposibles de financiar.
Argentina registra uno de los índices más altos de litigiosidad por riesgos del trabajo en el mundo: la tasa es 15 veces superior a la de España y 21 veces mayor que la de Chile, a pesar de contar con mayores prestaciones y una accidentabilidad similar. Para 2025 se proyectan más de 130.000 juicios, superando el récord histórico. Si el país tuviera el índice judicial de España, tendría poco más de 8.000 juicios anuales; con el de Chile, no alcanzaría los 6.000.
Uno de los casos más representativos es el de la lumbalgia, que suele ser calificada sin incapacidad por las Comisiones Médicas, pero que los peritos judiciales valoran en promedio con un 14% de incapacidad definitiva, con amplia variabilidad entre provincias y dentro de cada jurisdicción. Esta disparidad, sumada a la falta de control, ha llevado a las ART a enfrentar una avalancha de demandas y pagos indemnizatorios sin lógica técnica ni financiera.
La UART reclama la implementación efectiva de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) previstos por la Ley 27.348, con peritos seleccionados por concurso, pagos fijos y criterios técnicos unificados. “La justicia laboral no puede seguir en manos de peritos cuya designación pasa por anotarse en una lista y salir sorteados, y que realizan pericias que nadie controla”, advirtió Bettiol. La conformación de CMF permitiría profesionalizar la tarea pericial, eliminar el vínculo entre el monto del juicio y el honorario, y restablecer la coherencia de un sistema que ha sido exitoso en prevención, atención y cobertura del trabajador, pero que hoy está en riesgo.
En el marco del Pacto de Mayo, el Gobierno nacional anunció una futura reforma laboral para promover el empleo formal. La experiencia del sistema de ART, que logró reducir un 80% los fallecimientos y un 55% los accidentes laborales, se presenta como un caso testigo. “Una buena ley, sin implementación adecuada en la justicia, agrava el problema”, concluye el comunicado de la UART.