La diferencia entre el monto que perciben los trabajadores registrados por asignaciones familiares y el que reciben los hogares informales o desempleados se amplió de forma significativa en los últimos años: actualmente, una familia dentro de la economía informal puede cobrar por hijo casi tres veces más que una con empleo formal.
Según un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar se ubicaron entre los pocos programas sociales que lograron expandirse durante el proceso de ajuste fiscal. Ambas transferencias pasaron de representar el 0,7% del PBI a fines de 2023 a situarse cerca del 1% en la actualidad, alcanzando el pico de la serie analizada.
Esta expansión obedeció a incrementos discrecionales otorgados al inicio de la actual gestión, seguidos por la actualización de la AUH conforme al índice de inflación desde mediados de 2024. Estas medidas permitieron una recuperación real del poder de compra y su posterior sostenimiento en línea con la evolución general de precios.
En el detalle de las prestaciones, la AUH inició su recuperación con una suba del 100% aplicada en enero de 2024. Tras ajustarse por la fórmula de movilidad trimestral hasta junio de ese año, desde julio pasó a indexarse mensualmente por inflación con dos meses de rezago. Por su parte, la Prestación Alimentar amplió su rango de cobertura a familias con hijos de hasta 18 años —anteriormente el límite era de 14 años— y registró en mayo de 2026 un incremento del 38% tras permanecer congelada en términos nominales por casi dos años.
En términos reales, un hogar promedio con un hijo elegible percibe hoy unos $223.000 combinando ambos beneficios, recuperándose de los mínimos de $160.000 registrados a fines de 2023, aunque por debajo de los valores superiores a $250.000 observados entre 2020 y 2021.
A la par de estos montos, el volumen total de beneficiarios de la AUH cayó de 4,4 millones a cerca de 4 millones de personas, con una contracción marcada en 2023 para luego estabilizarse. Si bien las causas no son concluyentes, el informe sugiere que la baja respondería a mayores flexibilizaciones en suspensiones o desvinculaciones por el incumplimiento en la presentación de la libreta educativa y de salud.