Con el objetivo de eliminar la intervención y quitar la burocracia en los procesos productivos, el Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
“Dejamos atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”, celebró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“La industria del vino ya mostró lo que puede dar. La Argentina produce 900 millones de litros por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial. Exportamos 800 millones de dólares anuales. Pero el consumo mundial está cayendo y los gustos cambian (por ejemplo, se impone en varios países el consumo de vino sin alcohol). Por ello es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”, explicó el funcionario en sus redes sociales.
A través de la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el INV dejará de intervenir en cada una de las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (producción en el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte) para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados. Su rol central será garantizar que los productos estén aptos para el consumo y no adulterados.
Por otra parte, a partir de la medida, los controles de trazabilidad (certificaciones de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a disposición de los productores que los requieran en función de sus necesidades comerciales, aunque también lo podrán hacer mediante medios privados.
El nuevo régimen alcanzará a productores primarios de uvas; establecimientos elaboradores; fabricantes artesanales, así como también vino casero, bodegas, bodegas integradas, fábrica de mosto, fábrica de espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológico; comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores de productos vitivinícolas; laboratorios enológicos y de análisis habilitados; y operadores inscriptos.
“Para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5000 inspecciones a bodegas. Existen registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Como si esto fuera poco, el organismo se encargaba de trámites innecesarios como la determinación año a año del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”, explicó Sturzenegger.