El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó fuertemente las políticas de contención generalizada de precios y los subsidios a las tarifas energéticas, al catalogarlos como mecanismos “ineficientes y costosos”.
La advertencia forma parte del capítulo 2 del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), en el que economistas del organismo analizaron el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el costo de vida a raíz de las alzas en alimentos y energía.
La advertencia del organismo forma parte del capítulo 2 del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), en el que economistas del organismo analizaron el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el costo de vida a raíz de las alzas en alimentos y energía.
Según sostiene el documento, “las medidas generalizadas de contención de precios son una forma costosa e ineficiente de proteger a los hogares durante las crisis del costo de vida”.
Para la entidad multilateral, el encarecimiento de estos insumos afecta con mayor severidad a las familias de menores recursos, desgasta el salario real y desancla las expectativas de inflación a largo plazo.
Frente al impacto en los bolsillos, diversos gobiernos optaron por aplicar controles de precios y subsidios masivos. No obstante, el reporte expone que reprimir las tarifas de servicios públicos genera profundas ineficiencias fiscales, mientras que existen alternativas para proteger a los sectores vulnerables sin comprometer el presupuesto estatal, tales como la segmentación y el apoyo financiero directo.
Tras examinar las intervenciones estatales en 76 países durante las últimas tres décadas, el estudio detectó que las economías emergentes han apelado de manera recurrente a subsidiar a los productores de energía, reducir aranceles o imponer topes a las tarifas finales. Aunque el organismo reconoció que estas medidas intentan amortiguar la pérdida de poder adquisitivo inmediata, remarcó que el esfuerzo fiscal necesario resulta desmedido frente a los beneficios reales generados.
En esa línea, el informe precisó que brindar la misma protección a las familias de menores ingresos mediante subsidios generales puede demandar entre tres y seis veces más recursos fiscales que recurrir a transferencias focalizadas. Asimismo, subsidiar a la producción para sostener tarifas artificialmente bajas representa un costo entre 14 y 22 veces mayor para el Estado que dirigir la asistencia de forma directa a la población vulnerable.
El FMI planteó además que, al representar los alimentos y la energía una mayor proporción dentro de los gastos de las familias de bajos recursos, estas terminan soportando una inflación considerablemente más alta durante este tipo de crisis. Como caso testigo, se mencionó la crisis energética europea entre 2022 y 2023, donde por cada euro gastado en reprimir los precios de la electricidad, el gas natural y los combustibles, menos de 20 céntimos llegaron efectivamente al quinto más pobre de los hogares.
Finalmente, el organismo advirtió que congelar o retrasar el valor de las tarifas distorsiona las decisiones de consumo, desestimula el ahorro energético y fomenta el endeudamiento público. Por el contrario, recomendó permitir que las tarifas reflejen sus costos reales de mercado, compensando de manera directa y transparente a los hogares que lo requieran para preservar el espacio fiscal y promover un uso eficiente de los recursos.
