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Las ART cumplen 30 años: cómo lograron reducir los accidentes laborales y por qué alertan por la judicialización

Las ART cumplen 30 años: cómo lograron reducir los accidentes laborales y por qué alertan por la judicialización

El sistema de cobertura laboral logró avances en prevención y seguridad: cuál es el desafío que enfrenta por el aumento de los reclamos judiciales.


La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) presentó un balance a 30 años de la creación del Sistema de Riesgos del Trabajo, con cifras que muestran una mejora histórica en materia de prevención y seguridad laboral, aunque con una advertencia sobre el impacto de la elevada judicialización.

Desde su implementación en 1996, el sistema permitió evitar 5,1 millones de accidentes laborales y contribuyó a salvar más de 20 mil vidas, según los datos difundidos por la entidad. Además, la mortalidad en el ámbito laboral registró una caída del 79% en tres décadas, mientras que la incidencia de accidentes durante la jornada laboral se redujo un 54%.

Actualmente, el sistema alcanza a 10,2 millones de trabajadores y cuenta con 1 millón de empleadores asegurados en todo el país. A través de las 23 ART y mutuales operativas, se brinda cobertura médica, preventiva e indemnizatoria a trabajadores de distintas actividades.

Los principales avances del sistema

Durante los últimos 30 años, el esquema de riesgos laborales acumuló una serie de indicadores positivos vinculados a la prevención y la atención de los trabajadores.

Entre los principales logros se destacan:

  • 16,1 millones de siniestros atendidos desde la creación del sistema.
  • 14,1 millones de prestaciones asistenciales anuales destinadas a trabajadores accidentados.
  • 800 mil visitas preventivas por año a empresas para mejorar las condiciones de seguridad.
  • 74 mil personas participaron del Programa Prevenir, orientado a fortalecer la cultura de prevención.
  • 550 mil trabajadores de casas particulares incorporados al sistema de cobertura.

Además, la UART destacó que el nivel promedio de incapacidad derivado de los siniestros disminuyó un 29% en los últimos 15 años. En tanto, el proceso de recalificación laboral permitió que el 64% de los trabajadores lograra reinsertarse en sus puestos originales o acceder a nuevas tareas.

Durante la pandemia de coronavirus, el sistema también tuvo un rol clave al cubrir 550 mil casos de COVID-19 dentro del ámbito laboral.

En materia de indemnizaciones, la entidad señaló que los montos se actualizan de manera automática mediante el RIPTE y que los pagos tienen un plazo de resolución de 15 días. Actualmente, ante un fallecimiento laboral, el piso prestacional alcanza los $97 millones, con un adicional del 20% por daño moral cuando corresponde y un pago único adicional de $65 millones.

La judicialización, el principal problema del sistema

A pesar de los avances registrados, la UART advirtió que el crecimiento de la litigiosidad representa una amenaza para la sustentabilidad del sistema.

Según los datos difundidos, en los últimos años se acumularon 1,6 millones de juicios iniciados, mientras que el stock actual supera los 327 mil expedientes en trámite. El indicador alcanza los 132,9 juicios cada 10 mil trabajadores.

La organización remarcó que la situación argentina presenta una fuerte diferencia respecto de otros países: la judicialidad es 23 veces superior a la de Chile y 16 veces mayor que la de España.

Uno de los puntos señalados por la UART es que el 87% de las demandas ingresadas corresponden a casos en los que las Comisiones Médicas habían determinado que no existía incapacidad. Sin embargo, en sede judicial se incorporan, en promedio, 14 puntos adicionales de incapacidad respecto de las evaluaciones médicas oficiales.

Desde la entidad consideraron que el desafío hacia adelante es lograr un sistema con mayor previsibilidad y reducir la cantidad de litigios para que los recursos puedan concentrarse en prevención, asistencia y reparación.

En ese sentido, plantearon que una correcta aplicación de la Ley 27.348, que estableció modificaciones al régimen de riesgos del trabajo, permitiría fortalecer la sostenibilidad del esquema y reducir costos asociados para trabajadores, empresas y el sistema productivo.