El Gobierno se prepara para avanzar en la reforma más ambiciosa de las que enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre: la modernización laboral.
Los ejes centrales del proyecto son la flexibilización para contratar y despedir personal, limitar el ejercicio del derecho a huelga y una reducción del cálculo indemnizatorio.
Cabe destacar que, en caso de que sancione la ley, todos los cambios incluidos no serán de aplicación retroactiva.
Respecto del cálculo indemnizatorio, se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Además, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, en el caso de aquellos sueldos que tengan ítems adicionales. No se establece un tope y se habilita el pago en cuotas.
Además, se busca dar certeza en los juicios laborales y se establece un criterio de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un 3% anual. Se prohíbe que se devenguen intereses sobre los intereses. Hoy, este cálculo depende del juez laboral que intervenga en el litigio, no existe un criterio común.
En cuanto al derecho a huelga, se amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50 y el 75 % en caso de estar en conflicto.
Cuando Milei intentó avanzar con esta medida mediante un decreto, su decisión fue objetada en la Justicia y se frenó por un amparo de la CGT. Hay abogados laboralistas que consideran que afectan el ejercicio del derecho a la huelga y que sería “inconstitucional” porque violaría el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.