Un informe analiza la evolución del esquema laboral: qué factores que condicionan su sostenibilidad en el mediano plazo.
A tres décadas de la creación del sistema de riesgos del trabajo, un informe elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) pone el foco en los principales logros alcanzados y en los desafíos que enfrenta el esquema de cobertura laboral en la Argentina.
El documento destaca que el sistema alcanzó más de 10,2 millones de trabajadores cubiertos en promedio durante 2025 y cerca de 985.000 empleadores afiliados, además de brindar más de 14 millones de prestaciones asistenciales integrales por año.
Según el relevamiento, durante 2025 se notificaron 358.573 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con un índice de 32,5 casos con baja laboral cada 1.000 trabajadores cubiertos. El informe también señala que 320 personas fallecieron como consecuencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales, una cifra que muestra una mejora respecto de los niveles registrados en los inicios del sistema, aunque remarca que cada muerte representa un desafío para reforzar las políticas de prevención.
La litigiosidad, el principal desafío
Pese a la mejora de los indicadores de cobertura y siniestralidad, el dossier identifica a la litigiosidad como el principal problema que enfrenta actualmente el sistema.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) citados en el informe, en marzo de 2026 se notificaron 12.357 juicios, una cifra superior a la registrada en el mismo mes de 2024 y 2025. Según el análisis, esta tendencia afecta el financiamiento del sistema y limita la disponibilidad de recursos para tareas preventivas e innovación.
El documento sostiene que existe una paradoja: mientras los índices de accidentabilidad y mortalidad muestran una evolución favorable, el volumen de demandas judiciales continúa elevado, en muchos casos sin diferencias técnicas significativas respecto de las evaluaciones administrativas.
En ese contexto, el informe destaca el papel de la Ley 27.348, que fortaleció la intervención de las Comisiones Médicas como instancia administrativa obligatoria para determinar incapacidades y prestaciones antes de llegar a la Justicia. Sin embargo, advierte que persisten diferencias entre los criterios técnicos utilizados en esa etapa y los aplicados posteriormente en los procesos judiciales.
Los desafíos para los próximos años
El dossier plantea cuatro prioridades para fortalecer el sistema en el futuro: reducir la litigiosidad evitable, ampliar la cobertura hacia trabajadores que aún permanecen fuera de la formalidad, profundizar la prevención basada en datos e incorporar nuevas herramientas tecnológicas en salud laboral.
También advierte que los cambios en el mercado laboral —como la expansión del teletrabajo, las plataformas digitales, la robotización y el envejecimiento de la población activa— exigen adaptar los mecanismos de prevención y protección sin modificar los principios centrales del sistema.
Finalmente, el informe sostiene que el futuro del esquema dependerá de la coordinación entre el Estado, la Justicia, empleadores, sindicatos, aseguradoras y prestadores de salud, con el objetivo de preservar los avances alcanzados, corregir las distorsiones que afectan su funcionamiento y extender la protección a un mayor número de trabajadores.
