Cuáles son las claves detrás de la Ley de Modernización Laboral que puede golpear de lleno a la «industria del juicio».
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) afirmó que la nueva Ley de Modernización Laboral abre una instancia clave para que la Justicia limite lo que define como “abusos” en las demandas por accidentes laborales, en un contexto de récord de litigiosidad durante 2025, con más de 134.000 juicios iniciados en todo el país.
Según supo Notas de Actualidad, la entidad señaló que la reforma introduce herramientas orientadas a mejorar la previsibilidad del sistema de ART y a ordenar aspectos estructurales del proceso judicial que, según remarcó, quedarán ahora bajo la órbita de aplicación de los magistrados.
Las herramientas que incorpora la reforma
Desde la UART detallaron cuatro puntos centrales vinculados con la judicialización de los riesgos del trabajo:
- Honorarios periciales: los peritos dejarán de cobrar un porcentaje de la indemnización que ellos mismos determinan. La ley establece un nuevo esquema con mínimos no porcentuales, cuya fijación quedará sujeta a la evaluación del juez según la tarea efectivamente realizada.
- Obligación de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema: los jueces laborales deberán ajustarse a los criterios del máximo tribunal. El incumplimiento podría configurar mal desempeño, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y reducir apelaciones.
- Transferencia del fuero laboral en CABA: se prevé el traspaso del fuero nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de dar claridad institucional al esquema vigente.
- Cuerpos Médicos Forenses: se incorporan parámetros técnicos objetivos para las pericias judiciales, buscando reducir discrecionalidades en la determinación de incapacidades.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, sostuvo: “La norma establece un marco claro y una nueva oportunidad para el poder judicial de cumplir con la legislación y frenar la avalancha de demandas sin sustento. Con la vigencia de la nueva ley, la llave estará en la interpretación y aplicación que realice el Poder Judicial. El impacto real de la reforma dependerá de la consistencia institucional en su cumplimiento”.
Récord de juicios y concentración provincial
Según los datos difundidos por la entidad, en 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo, lo que representa una tasa de 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores.
Reforma laboral y costos: advierten que la litigiosidad encarece el empleo formal
El 73% de los casos se concentra en tres jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. En detalle:
- Provincia de Buenos Aires: 52.314 juicios (159,4 cada 10.000 trabajadores).
- Ciudad de Buenos Aires: 25.325 juicios (112,8).
- Santa Fe: 19.787 juicios (295,9).
- Mendoza: 9.335 (207,7).
- Córdoba: 8.414 (126,5).
- Chubut: 3.985 (235,8).
- San Luis: 3.497 (300,2).
- Neuquén: 2.717 (115,8).
- Entre Ríos: 2.502 (87,0).
- Jujuy: 1.303 (178,6).
- La Pampa: 149 (17,3).
- Total país: 134.141 (132,8).
La entidad advirtió que este nivel de judicialización resulta elevado tanto en términos absolutos como en comparación entre provincias.
La “doble paradoja» del sistema
En su comunicado, la UART planteó dos paradojas del sistema argentino de riesgos del trabajo.
Por un lado, señaló que desde su implementación los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos un 80%, lo que equivale a más de 19.000 vidas salvadas, aunque la litigiosidad no acompañó esa baja.
Por otro, comparó la situación local con la de otros países: mientras Chile registra 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España alcanza 8,5, en Argentina la tasa asciende a 132,8, lo que implica —según la entidad— una litigiosidad 2.200% superior a la chilena y 1.500% mayor que la española.
El rol de la Justicia
La UART consideró que la efectividad de la reforma dependerá de la aplicación consistente por parte de los magistrados. “Reducir la litigiosidad injustificada no es un objetivo sectorial”, señalaron, y lo vincularon con la competitividad provincial y el empleo formal.
En esa línea, remarcaron que la implementación de la ley exigirá un compromiso activo de la Justicia laboral para hacer cumplir la parametrización prevista en la normativa y evitar, según plantearon, pericias infladas y demandas sin sustento.