El fuerte reclamo de Cristian Girard contra el presidente por el «Plan Motosierra» y cómo impacta en las provincias.
La gestión libertaria irrumpió en la política nacional con un claro mensaje del recorte del gasto público, en este contexto, las provincias perdieron por coparticipación más de 15,5 billones de pesos, un equivalente a 12 mil millones de dólares. En este contexto el titular de ARBA, Cristian Girard expresó que durante «el primer año del llamado “plan motosierra”, la recaudación nacional cayó -8,3% en términos reales.»
«Esa cifra monumental, no solo revela una decisión política, sino que desnuda un modelo económico que consolida la desigualdad, recentraliza recursos fiscales y erosiona el federalismo.», expresó el funcionario bonaerense en su columna de opinión publicada en Infobae.
En este sentido, agregó: «Durante 2024, los recursos coparticipables se desplomaron un -12,3%, mientras que los no coparticipables apenas retrocedieron -1,2%. ¿Qué significa esto? Que el ajuste no lo soportó la Nación, sino las provincias, que vieron esfumarse ingresos esenciales para sostener servicios públicos básicos.»
En su crítica al Gobierno nacional, Girard mencionó que se reintrodujo el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, se eliminó la devolución del IVA y se redujeron las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales en el marco de un blanqueo a tasa cero, algo que calificó como «un verdadero “ofertón” para los ricos».
«Todo esto, mientras se subía el impuesto PAIS y a los combustibles, al tiempo que la recuperación del agro post-sequía aseguraba ingresos por vía de las retenciones, todos impuestos de nula o baja coparticipación. El resultado es tan claro como brutal: los de arriba pagan menos, los de abajo, más, y las provincias y los municipios reciben menos recursos», añadió al respecto.
«La recaudación, en definitiva, muestra la verdadera marcha del plan económico. La caída de ingresos no es un accidente inesperado, es la consecuencia directa de un gobierno que apuesta a la recesión y a destruir el Estado y sus capacidades, desde adentro, como “un topo”. Se trata de un ajuste autoinducido que reduce el poder de compra, pulveriza el consumo y debilita la capacidad de respuesta de las provincias, justo cuando se vuelve más necesario sostener redes de contención. A su vez, la alta dependencia de la recaudación provincial y municipal del nivel de ventas y de actividad, hace que la recesión afecte de manera amplificada a los fiscos locales, y no solo por la caída de la coparticipación.», detalló en su columna.
En lo que va de 2025, los datos de recaudación publicados por ARCA reflejan una caída del -4,1% en los ingresos totales durante el primer trimestre, con un desplome significativo del -8,8% en el IVA, un impuesto clave vinculado al consumo. Aunque hubo aumentos en los ingresos por combustibles y el impuesto a las ganancias, estos se deben a factores específicos, como la reintroducción de la cuarta categoría, que impacta directamente a los trabajadores.
En cuanto a la coparticipación, el incremento del +1,2% no logra compensar las pérdidas acumuladas desde 2024, dejando a las provincias con un déficit superior a los 15 billones de pesos. Esto evidencia un modelo fiscal centralizado que prioriza los recursos nacionales a expensas de los territorios, generando un impacto regresivo en la economía.
Últimas reflexiones
Es momento de preguntarnos: ¿puede sobrevivir la democracia con provincias asfixiadas y un gobierno nacional que decide unilateralmente sobre los recursos? ¿Podemos hablar de justicia tributaria cuando quienes más tienen pagan menos, y los que menos tienen pagan más, mientras los servicios públicos se deterioran y se frenan las obras de infraestructura?
Lo que está en juego no es solo una discusión técnica sobre la recaudación. Es un debate profundo respecto a qué Estado queremos y a quién beneficia el ajuste que están pagando jubilados, trabajadores, provincias y municipios, y qué sociedad estamos construyendo. Porque detrás de cada punto de caída por coparticipación hay hospitales y escuelas con menos recursos, rutas que se deterioran, cloacas que no llegan, derechos que retroceden.
Y en ese esquema, las provincias —más allá de colores políticos— se ven cada vez más limitadas para cumplir con sus funciones esenciales. Milei prometió terminar con “la casta”, pero el ajuste cae sobre quienes menos tienen. Están los que “la ven”, y están los que no “la ven” pero la sufren. El Estado que se debilita no es el que usa los recursos fiscales para beneficiar a un puñado de poderosos, sino el que garantiza derechos.
La recaudación cae, pero no por casualidad. Cae porque así lo decidieron Milei y el FMI. Y lo que se debilita no es solo un sistema fiscal: es el entramado que sostiene la equidad territorial, la inclusión y la justicia social.
